El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, recordó este miércoles los seis años de los trágicos acontecimientos posteriores al golpe de Estado de 2019, cuando el Gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez reprimió a quienes defendía el orden constitucional, y denunció que la justicia para las víctimas sigue siendo una deuda pendiente.

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En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario expresó su preocupación por la falta de respuestas judiciales frente a crímenes de lesa humanidad que fueron reconocidos como masacres por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta”, afirmó Arce, calificando de “incomprensible e indignante” que los responsables de aquellos hechos no hayan recibido el debido tratamiento judicial.

El Presidente hizo un llamado a los operadores de justicia a guiar su labor por la verdad y la objetividad, subrayando que las determinaciones deben ser “justas y oportunas” y que la dignidad de las víctimas debe estar por encima de cualquier interés político.

En su declaración, Arce reafirmó el compromiso de su Gobierno de honrar la memoria de quienes perdieron la vida y acompañar a las familias que aún claman por justicia, concluyendo con un mensaje claro: “¡Memoria, verdad y justicia!”.

En noviembre de 2019, tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), el Gobierno de facto de Áñez ordenó represión militar y policial contra el pueblo que defendía la democracia y el Estado Plurinacional, con sus expresiones más visibles en las masacres de Sacaba y Senkata, en las que hubo al menos 37 muertos y centenares de heridos, según el informe del GIEI. Dicho reporte reveló ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza y obstrucción de la justicia en los primeros meses tras los hechos.

Luego del veredicto, familiares de las víctimas han denunciado que los procesos judiciales se han visto ralentizados por maniobras dilatorias, falta de voluntad política en ciertos sectores y una ofensiva mediática que busca instalar la narrativa de la impunidad como normalidad. En paralelo, la derecha ha querido implantar la matriz de que no hubo golpe de Estado.

A seis años de los hechos, las familias de las víctimas siguen movilizándose para exigir que los responsables materiales e intelectuales, incluidos altos mandos militares y autoridades del gobierno de facto, enfrenten la justicia.

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